Comunicados de CTSSP

Escrito por CTSSP. 16 de marzo de 2018, viernes.

CTSSP lleva al Pleno una moción sobre el conjunto minero de la Parreta

Ctssp denunciará en el Pleno de marzo, al igual que hizo Fundación Sierra Minera ante la Dirección General de Bienes Culturales, la prohibición de visita pública de las instalaciones mineras de La Parreta, BIC Sierra Minera, por parte de EMASA Empresa Constructora S.A.

El conjunto minero La Parreta, cercano a Alumbres, es una de las zonas protegidas como Bien de Interés Cultural. La declaración de BIC, en su artículo 8 obliga a los propietarios de las instalaciones del conjunto minero de La Parreta, no sólo a “conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro”, sino también a “facilitar la visita pública a los bienes del patrimonio minero que estén bajo su tutela, al menos cuatro días al mes”.

"En la moción insistiremos en que el Gobierno municipal apremie a la Dirección General de Bienes Culturales a que haga cumplir la Ley de Patrimonio Cultural a los propietarios del BIC del conjunto minero de La Parreta. Así mismo pediremos que los propietarios de este conjunto minero faciliten la visita pública a la ciudadanía, mínimo cuatro días al mes, y que en caso de incumplimiento se pongan en marcha los mecanismos sancionadores que la propia legislación contempla", apuntó Pilar Marcos, quien expondrá la moción en el próximo Pleno.

CTSSP pedirá además un “Plan de señalización” para identificar las instalaciones mineras protegidas, que considera necesario para el conocimiento, puesta en valor y divulgación de nuestro patrimonio.


Escándalo en el Ayuntamiento 

CTSSP considera lamentable que el Gobierno socialista remueva cielo y tierra para garantizarse un Interventor de su partido, cuando las funciones del puesto tienen que ver, fundamentalmente, con fiscalizar y controlar de un modo imparcial las actuaciones del Gobierno en materia económica. De este modo, Ana Belén Castejón, continúa sin tapujos con su purga al frente del Consistorio, consistente en colocar funcionarios afines en aquellos puestos claves que pueden obstaculizar su gestión, orientación que comenzó con la salida del ex Director General de Infraestructuras y la Comisión Técnica ad hoc formada a posteriori y que luego tendría un segundo capítulo en la intentona de desplazar a Mari Carmen Berrocal, Director de Patrimonio.

Al igual que hiciera con la composición de la Mesa de Contratación o con la Comisión de Seguimiento del Agua, el Gobierno se agarra de resquicios legales para ir arrasando con la oposición que encuentre a su camino, bien a través de funcionarios dóciles o afines, bien dejando a la oposición y a los agentes sociales sin participar de los espacios colectivos. Para la formación morada, en la misma línea se encuentran las nuevas atribuciones que se otorgó la Junta de Gobierno Local en materia de contratación directa por parte de las concejalías, contraviniendo un acuerdo de Pleno que lo limitaba.

PODEMOS considera que todas estas actuaciones tienen mayor gravedad al tratarse de un gobierno en minoría, que no sólo no sabe pactar y consensuar, sino que actúa como si tuviera una mayoría absoluta que las urnas no le dieron, pasando la apisonadora sobre el resto de formaciones al mejor estilo del Partido Popular.

En el caso del nombramiento del Interventor la cuestión es escandalosa pues se trata de una figura que debe destacar por su independencia e imparcialidad, cosa que de entrada no se garantiza cuando el susodicho es dirigente del mismo partido al que tiene que fiscalizar. CTSSP rechaza, por tanto, este nombramiento, y con más razón ahora que está en cuestión la legalidad de la asignación a los grupos políticos municipales, cuentas sin justificar que implican directamente al PSOE y que el Interventor debe analizar con total neutralidad.

powered by social2s