Comunicados de Ciudadanos

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Escrito por Ciudadanos. 26 de marzo de 2018, lunes.

• Ciudadanos teme que la nueva presidencia de la Autoridad Portuaria no esté a la altura de los retos que hay en el horizonte

• Ciudadanos propone en Cartagena un plan municipal para combatir la ocupación ilegal de viviendas

Ciudadanos teme que la nueva presidencia de la Autoridad Portuaria no esté a la altura de los retos que hay en el horizonte

Ciudadanos considera que los retos que la Autoridad Portuaria de Cartagena tiene por delante requieren una presidencia que conozca a fondo cada uno de los aspectos en los que opera el Puerto de Cartagena. Para el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, “el PP ha vuelto a equivocarse al no valorar la cualificación o la preparación a la hora de efectuar un nombramiento clave para el desarrollo económico de la Región sino que ha primado su estrategia electoral, sus encajes internos y una mal entendida lealtad partidista”. Sánchez ha deseado suerte al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, porque “nos tememos que la va a necesitar debido a la poca experiencia que tiene en la gestión para un cargo tan eminentemente técnico como éste”. El portavoz regional de Cs tampoco entiende que “el señor Segado haya anunciado que seguirá siendo presidente del PP de Cartagena; en nuestra opinión, la presidencia de la Autoridad Portuaria requiere una dedicación exclusiva y sin distracciones y no creemos que se deba compaginar con ninguna otra actividad”.

Por su parte, el diputado nacional de la formación naranja, Miguel Garaulet, considera que “el Puerto de Cartagena es y debe seguir siendo el motor del desarrollo no sólo de la Comarca de Cartagena sino de la Comunidad, un desarrollo que debe ir íntimamente ligado al proyecto que ha impulsado Ciudadanos desde la Asamblea con sus enmiendas: la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena”. Además, Garaulet considera “absolutamente necesario que tenga una conexión con el futuro Corredor Mediterráneo y la prolongación de la autovía hasta Escombreras para desarrollar más aún este polo industrial”.

Estación de Escombreras

Por otra parte, para Garaulet, “es importante conocer el alcance y el calendario de la inversión de 2,5 millones de euros que la Autoridad Portuaria de Cartagena anunció el pasado día 16 para la estación de trenes de Escombreras. A juicio del parlamentario naranja, "si no hay plazos o calendario, este anuncio se quedará en poco menos que en eso, otro anuncio vacío". Miguel Garaulet considera que se trata de una obra imprescindible para el futuro del Corredor Mediterráneo, que se encontraría con un nuevo cuello de botella si esta obra no despega”. Por este motivo, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno de España haga público el calendario de actuaciones concretas, con plazos y presupuesto desglosado, para las obras en esta línea férrea, necesaria para que la terminal que conecta con los muelles de Escombreras entre en funcionamiento”.

Para el diputado naranja, “todas estas conexiones influirán en el sector turístico, para el que no descartamos que el Puerto, además de ser Puerto de llegada de cruceros, sea también de salida, es decir, Puerto Home, y para eso es necesario que llegue cuanto antes el AVE, tener unas infraestructuras hoteleras adecuadas y aumentar la oferta cultural”.

El Gorguel, Cs a la espera del Plan Director

En cuanto a la posibilidad de que el Puerto amplíe su capacidad, el diputado naranja ha explicado que “hasta que no tengamos el Plan Director Medioambiental finalizado no podremos tener una opinión realmente informada para valorar el proyecto”.

En la última reunión mantenida con el expresidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla explicó a los diputados naranja el estado en el que se encuentran los trámites medioambientales y administrativos que todavía debe superar el proyecto de la nueva dársena de El Gorguel, una obra que podría presupuestarse cerca de los 750 millones de euros, trabajar con 1.5 millones de contenedores en su primera fase y que podría generar unos 30.000 puestos de trabajo, de los que 3.000 serán directos.

Sevilla informó que se tienen los borradores para las medidas compensatorias que tienen que ver con el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) terrestre y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y que se está trabajando para obtener el LIC marino, que es más complejo. Con la aprobación de estos tres borradores se completará el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del proyecto, tras lo cual el Consejo de Ministros estará en disposición de declararlo Proyecto de Interés Nacional y ser remitido a Bruselas que es quien debe aprobar todo el proyecto, tanto el ISA como el Plan Director.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, aseguró que “Cartagena tiene el orgullo de contar, de momento, con el cuarto Puerto más importante de España, y con el primero en tráfico de graneles, pero necesitamos que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria esté a la altura de este reto, y que el Gobierno central y el regional estén comprometidos y confirmen que su conexión con el Corredor Mediterráneo será un hecho, que la ZAL y por tanto el traslado del Depósito Franco al Polígono Industrial de Los Camachos será una realidad en 2018”. Manuel Padín también ha anunciado que tiene previsto reunirse en breves fechas con el nuevo presidente para analizar las principales líneas de actuación. “Ciudadanos seguirá presionando, en la Asamblea y en el Congreso, para que Cartagena deje de estar en el vagón de cola de los proyectos estratégicos de los gobiernos del PP”.

Ciudadanos propone en Cartagena un plan municipal para combatir la ocupación ilegal de viviendas

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno ordinario una moción para combatir con determinación el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal relacionados con las ocupaciones ilegales en el municipio. La formación naranja exigirá la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.

Según ha informado Cs, esta Oficina debe contar con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana partiendo de las denuncias en un punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación, de manera que sirva como prueba en los procesos judiciales pertinentes.

La propuesta de Cs incluye que se refuerce de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación y que en el plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos.

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, “este Grupo Municipal ha podido comprobar de primera mano que el fenómeno de la ocupación ilegal y violenta está creciendo en Cartagena; el último ejemplo lo estamos viviendo desde hace tiempo en Pozo Estrecho, zonas del centro de Cartagena y en La Palma, donde pudimos hablar con los vecinos que están desesperados y atemorizados”. “En algunos casos, esta ocupación está promovida por grupos de delincuencia organizada, como intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de vivienda o que la han perdido en un desahucio, o utilizando el inmueble como base de operaciones para otras actividades criminales, como el tráfico de drogas en los llamados narco-pisos”, ha explicado Manuel Padín.

Para la formación naranja, este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar una vez constatadas y promover un desalojo efectivo y ágil de los inmuebles y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para detectar estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.

Manuel Padín asegura que “la falta de respuesta por parte de los poderes públicos genera una sensación de desprotección para los legítimos propietarios como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas”. “Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, ha advertido el portavoz naranja que ha recordado que “se ha registrado una Proposición de Ley (PL) con esta finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los diferentes Grupos Parlamentarios”.

Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados

Entre las medidas recogidas en la PL destacan:

1) Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de Propietarios, a través de su Presidente, para instar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos.

2) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se tramiten a través del procedimiento de “juicio rápido”, con el fin de minimizar los plazos procesales, y para permitir la inmediata recuperación del inmueble por el legítimo propietario en tanto dure el proceso.

3) La reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de viviendas, y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que bien sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro, o bien que sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.

4) Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica.