Comunicados de Podemos
- Detalles
- Escrito por Podemos. 27 de septiembre de 2018, jueves.
- CTSSP denuncia el engaño y la ineptitud del PSOE con los presupuestos participativos
- Podemos reclama a PP y PSOE intervenciones en la Sierra Minera que acaben con “los ríos rojos tóxicos” que inundan los pueblos
CTSSP denuncia el engaño y la ineptitud del PSOE con los presupuestos participativos
A Podemos le ha quedado claro en la última Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos, que el PSOE no tiene ninguna voluntad política de dar participación a los ciudadanos, como también ha quedado demostrado en que llevamos de legislatura, que este proceso, de participativo, sólo ha tenido el nombre porque todo lo demás ha sido un teatro, una ficción de participación, pero nada más.
En la propuesta de 2019 planteada a los grupos por el Concejal de Participación Ciudadana, se presenta un calendario que comienza el 2 de octubre y termina el 19 de diciembre, o sea, apenas dos meses y medio de proceso para incluir las fases de información, divulgación y debate, recogida de propuestas priorizadas, evaluación de la propuestas, votación, y publicación de los resultados. Para la formación morada dicha propuesta delata que el PSOE no cree en los presupuestos participativos, porque el calendario es básico para hacer un proyecto creíble, bien organizado y participativo de verdad. “Meter todo el proceso en dos meses y medio como nos propone el Gobierno es más de lo mismo, volver un año más a la chapuza de los anteriores ya que en ese periodo de tiempo es imposible dar publicidad, información, formación y participación que son los elementos imprescindibles para que salga un proyecto medianamente presentable”, afirma Pilar Marcos, portavoz de CTSSP, y Secretaria General de Podemos Cartagena.
Para la formación morada, las consecuencias de estar instalados permanentemente en la chapuza son terribles, porque un proceso tan importante como el de los presupuestos participativos, está sirviendo para que la ciudadanía de Cartagena en lugar de participar sienta frustración y desencanto: todo lo contrario de lo que debiera generar.
Si a las malogradas experiencias de los dos últimos años le sumamos que en los ejercicios de 2015 y 2016 no hubo presupuestos participativos, lo que salta a la vista es que por culpa del Gobierno socialista nuestro municipio llega tarde y mal a ellos, pues ya en 2011 la Federación Española de Municipios y Provincias había elaborado una guía para la puesta en marcha de estos procesos.
CTSSP – Podemos hace un balance muy negativo de las experiencias anteriores: En los presupuestos de 2017 se observaron todo tipo de maniobras para cercenar la democracia y dejar los votos de los ciudadanos sin ningún valor, comenzando por la utilización de los funcionarios como censores para desarrollar los proyectos que convenía al Gobierno sin tener en cuenta lo que habían votado los ciudadanos. Y los de 2018 han quedado sin ejecutar, a pesar de que estamos prácticamente en el último trimestre del año, lo que garantiza que no se van a desarrollar dentro del ejercicio.
Sin embargo, y pese a la manifiesta incapacidad y voluntad del Gobierno, Podemos cree firmemente en la participación ciudadana, y no renuncia a seguir intentado implantar en el municipio unos Presupuestos Participativos que supongan una participación real, a través de la “democracia deliberativa”, y de la solidaridad entre vecinos y vecinas, por lo que le va a seguir proponiendo al Gobierno Municipal que se retomen las líneas a seguir en la guía que elaboró la FEMP, y que son las siguientes:
El proceso tiene que estar en manos de los actores participantes, estando presente el Ayuntamiento sólo para ayudar, facilitar medios, asesorar en el cumplimiento de las bases y de la legalidad, etc. De lo contrario, igual que en las ediciones anteriores, se terminará manipulando el proceso.
El calendario de desarrollo del proyecto, si se quiere hacer bien, necesariamente tiene que abarcar un mínimo de 8 meses del año anterior a aquel en el que se va a implementar. La propuesta de los dos meses y medio no es una propuesta seria, sólo es cubrir un expediente y quedar mal ante la ciudadanía, porque los procesos democráticos requieren de ritmos y tiempos.
Las reglas por las que se va a desarrollar el proceso deben estar muy claras desde el inicio para todos los actores, y el mismo debe estar regulado por el denominado “auto-reglamento”. Las normas de desarrollo las deben elaborar los actores participantes y deben diseñar un sistema de seguimiento.
El proceso de participación debe ser universal, es decir, un hombre/una mujer un voto, e inclusivo, por lo que no puede dejar fuera a ningún sector de la ciudadanía como mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.
El proceso necesariamente tiene que ser deliberativo lo que quiere decir que los actores participantes tienen que deliberar, marcar prioridades, elegir, etc. Hacer una votación para a continuación liquidar la mayor parte de los proyectos que han elegido los ciudadanos bajo el epígrafe de que “no son técnicamente viables” es absolutamente intolerable. Si se ha hecho el trabajo previo adecuadamente, todo lo que voten los ciudadanos tiene que ser viable técnica y económicamente.
El proceso necesariamente se tiene que desarrollar a través de asambleas y las mismas elegirán delegados que deben tener mandato imperativo, es decir, tendrán capacidad de decidir en nombre de quienes los han elegido. Los delegados a su vez elegirán el grupo motor que dirigirá el proceso entre asambleas.
Es obvio que se impone diseñar y desarrollar todo un proceso de información y formación dirigido a toda la ciudadanía, así como a los funcionarios municipales participantes, como elementos fundamentales para asegurar la buena marcha del proyecto.
Necesariamente debe contemplar las fases técnica y administrativa, con lo que la participación de los funcionarios municipales en el desarrollo es muy importante, pero no para decidir qué se hace y qué no se hace. Eso tiene que estar claro antes de la votación.
Se debe garantizar la participación ciudadana en todas las fases del proceso, de la A hasta Z. La primera comenzaría con la realización del auto reglamento (bases) y la última con el seguimiento, análisis y valoración de la ejecución total del proyecto.
El montante económico que se pone a disposición del proyecto de presupuestos participativos debe estar delimitado desde el primer momento, debe ser importante y en progreso para que sea movilizador de la ciudadanía, es decir, que las cantidades deben ir en aumento un año tras otro.
Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen que tener igualdad de oportunidades en el acceso a las cantidades que se pongan a disposición del proyecto y ese objetivo lo tiene que garantizar el auto reglamento.
Para CTSSP-Podemos los presupuestos participativos son una oportunidad única para construir un municipio mejor, de manera abierta y con la participación activa de los vecinos. No son café para todos, sino un proyecto de desarrollo de la democracia, informativo, formativo, participativo, solidario, para dar voz a los ciudadanos respecto de qué quieren hacer con una parte del dinero de sus impuestos, y para el fomento de la conciencia cívica, pero bajo ningún concepto se pueden utilizar para hacer clientelismo político. Por estas razones, desde la formación morada propondrán al Gobierno Municipal que implemente la propuesta en cuestión, de modo que los presupuestos participativos no se conviertan en competencia entre pueblos y diputaciones, que se reparten migajas para unas obras que nunca se realizan.
Sierra Minera
María Giménez ha explicado que la iniciativa de Podemos que se ha aprobado este jueves en la Asamblea exige la implicación de ambas administraciones para dar una “solución efectiva y duradera en el tiempo a todos los vecinos y vecinas de la Sierra Minera que ven como tienen que hacer su vida cotidiana rodeados de metales pesados muy peligrosos para la salud. Estos tóxicos son arrastrados a través de las ramblas al Mar Menor y son causantes también del deterioro de sus aguas y de la contaminación de las zonas agrícolas relacionadas con dichas ramblas”.
Giménez, diputada regional, ha señalado que lo que pide Podemos es un plan de intervención sobre las ramblas de la vertiente norte de la Sierra Minera La Unión-Cartagena y acciones de restauración de estos suelos contaminados. Es una “gravísima irresponsabilidad que incumbe a la salud pública” que ni el gobierno de la Región ni el central se “tomen en serio a la gente de estos pueblos, que llevan décadas siendo ninguneados. Invitamos al resto de partidos a ver cómo baja agua cargada de residuos tóxicos y peligrosos por sus casas, colegios, centros de salud y en general, que vean el peligro al que se enfrentan cada día por vivir en una zona en la que ninguna Administración quiere ponerse a trabajar. Nos preguntamos qué más hace falta para que PP y PSOE ahora en el gobierno estatal, se tomen en serio el asunto”.
En concreto, María Giménez ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que diseñar este plan en El Beal, Las Matildes, Ponce, Carrasquilla, El Duende, Descargador, etc. El objetivo es “minimizar los vertidos de residuos mineros al Mar Menor a través de las aguas de escorrentía y la erosión eólica de estos mismos materiales que afecta a los vecindarios de estas poblaciones”.
Como propuestas, la diputada de Podemos ha detallado las que pasan por “el dragado de los residuos tóxicos y peligrosos retenidos en la red diques de laminación y areneros de las referidas ramblas, la estabilización de sus márgenes y taludes y la descontaminación de los suelos afectados”.
Asimismo, este plan debe incluir un programa de seguimiento anual para garantizar la eficacia de las medidas de intervención durante los episodios periódicos de lluvias. Los costes asociados al Plan, así como el mantenimiento de las intervenciones realizadas en las ramblas, han de ser asumidos por los actuales dueños de los terrenos de La Sierra Minera de la Unión-Cartagena.
María Giménez ha recordado que la restauración ambiental, que debería haberse hecho hace años por la empresa responsable Portman Golf, S.L. sucesora en las responsabilidades de la Compañía Minero Metalúrgica Peñarroya España S.A., “no ha realizado absolutamente nada gracias a la inacción u omisión de la administración pública en su obligación de hacer cumplir al administrado la legislación ambiental y de responsabilidad de ámbito comunitario, nacional y regional”.
Inexplicablemente, ha concluido Giménez, los suelos afectados por estos residuos y lo propios residuos no están declarados como contaminados, a pesar de que la Ley así lo obliga.
