Comunicados de Podemos
- Detalles
- Escrito por Podemos. 29 de diciembre de 2018, sábado.
- CTSSP-PODEMOS exige al Ayuntamiento que recurra la resolución y arbitre la forma de adquirir el inmueble para uso público
- CTSSP pedirá explicaciones por silenciar su intervención inicial en el vídeo del pleno del 27 de diciembre
CTSSP-PODEMOS exige al Ayuntamiento que recurra la resolución y arbitre la forma de adquirir el inmueble para uso público
CTSSP-PODEMOS ha considerado vergonzoso que la Dirección General de Cultura, organismo dependiente del Gobierno Regional, resuelva la demolición parcial de la cárcel de San Antón en medio de las fiestas navideñas, sabiendo que se trata de un edificio emblemático del municipio, con alto valor patrimonial e histórico.
La formación morada, que ha sido artífice directa de la protección del edificio, ha anunciado que ultima la presentación de nuevos recursos y que espera, asimismo, idéntica actitud por parte del Gobierno Local, que puede y debe recurrir la resolución para evitar la concesión de las licencias y permisos para obras y derribo parcial.
Desde el grupo municipal de Podemos han recordado que esta penosa situación tiene su origen en el desdén que siempre ha mostrado el PP por el patrimonio local... un desdén continuado por el Gobierno de MC que dejó pasar deliberadamente, y hasta en dos oportunidades, la posible compra de la cárcel, facilitando de ese modo que la prisión fuese adquirida por el hospital Perpetuo Socorro.
Desde Podemos se han comprometido a trabajar conjuntamente en todo lo que emprenda la Plataforma para la protección del edificio, y han vuelto a insistir al Gobierno Socialista en que debe seguir como hasta ahora, cumpliendo con su programa electoral y con los compromisos aprobados unánimemente por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, unos compromisos que exigían, entre otras cosas, la puesta en marcha de una mesa de negociación con el actual propietario del inmueble para que se exploren todas las fórmulas posibles (expropiación, venta o permuta) para que el edificio de la antigua cárcel pase a manos del Ayuntamiento y se destine a uso público, para actividades sociales, culturales y vecinales.
A tales fines, desde el grupo municipal de Podemos han insistido en que el Gobierno Local debe contemplar una partida específica en los presupuestos 2019, y que de este modo el municipio de Cartagena pueda adquirir lo que por derecho le corresponde, ya que resulta una absoluta aberración que un edificio de innegable valor patrimonial e histórico pueda acabar convirtiéndose en el parking de un hospital privado: basta recordar que la cárcel de San Antón supone el primer edificio de España que se concibe para darle cierta dignidad a los presos, el equivalente a nuestras Escuelas Graduadas.
- CTSSP pedirá explicaciones por silenciar su intervención inicial en el vídeo del pleno del 27 de diciembre
Francisco Martínez, Concejal de Cartagena Sí Se Puede, denuncia que el Gobierno del PSOE ha retirado el vídeo, que mantuvo hasta el día 28 de diciembre, en la página web del Pleno ordinario del Ayuntamiento del día 27, aún está colgado en YouTube, en el que se puede comprobar que está cortada su intervención hasta el minuto 9.55 (la intervención transcurrió desde el minuto 3.20 al 10.30), aunque es cierto que está la intervención íntegra en el audio acta del pleno, menos consultado y falto de saltos adecuados para escuchar selectivamente una intervención.
Lo cierto es que casualidad o no, parece que se quiere censurar, como en la época del franquismo, aquello que no se quiere que se enteren los cartageneros y cartageneras.
Como se recordará, CTSSP ya denunció al Tribunal de Cuentas el destino del dinero público que hicieron algunos grupos municipales de la corporación anterior (2011-2015). En concreto el PP pagó con el dinero público más de 128.000 euros que destinó al pago del préstamo hipotecario de su sede, recibos de electricidad, agua y teléfono, limpieza del local, la comunidad de vecinos, demás gastó más de 10.000 euros de dinero público en el arreglo del aseo de su sede. Por su parte, el PSOE una parte de 15.000 euros los destinó al pago de su sede y más de 7.000 euros no justificó nunca en qué los gastó.
En el segundo semestre de 2015 el PP siguió haciendo lo mismo: la gran mayoría de justificantes de sus gastos (17.402,81 euros) corresponden al pago del préstamo de su sede y los gastos que se derivan de ella, incluidos 8.532,62 euros que se gastaron en poner tarima y audio al local y que pretenden que paguemos todos los cartageneros. En el 2016, a la vista de que la Intervención no les permitía la justificación del pago de la hipoteca, se recurre a la triquiñuela de un contrato privado por el cual Joaquín Segado, presidente local del PP, alquila a Francisco Espejo, portavoz del PP, tres despachos y el salón de actos y mediante esta “pillería” ahora sí cuelan 21.000 euros del préstamo (en 2017 otros 9.000), además del gasto de 2.050 euros de limpieza de la sede.
El PSOE, desde junio de 2015 a 31 de diciembre de 2017 gastó más de 370 euros por comida en nueve ocasiones: comida para 30 por importe de 726 euros justificada con un simple ticket, cena de Navidad del grupo municipal por importe de 789,40 euros, otra de 670 euros o los 480,50 euros gastados en una comida con el Portavoz del Senado, son algunos de los ejemplos, cabe resaltar que el Interventor sólo puso reparo al pago de 1.430 euros correspondientes a la clásica fiesta de la rosa del PSOE que suele hacer en el Molino Derribao. Además se comprueban gastos cuantiosos en flores, y el gasto en la compra de 70 botellas de vino por importe de 342,35 euros, posiblemente para emular aquello de “viva el vino”.
Por último, Ciudadanos ha justificado con sólo la firma personal cantidades importantes de su asignación en gastos de desplazamiento y comidas, sin presentar ninguna factura o tickets acreditativo, dinero que fue transferido desde la cuenta del grupo municipal a las cuentas de los miembros del grupo municipal.
Cartagena Sí Se Puede considera que es verdadera hipocresía ir a darle palmaditas en el hombro a los vecinos de los barrios y diputaciones, para darles cualquier justificación de por qué no se resuelven sus problemas, cuando se dilapidan cerca de 200.000 euros sin justificación alguna de servicio al interés público del municipio.
