Comunicados de Ciudadanos
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- Escrito por Ciudadanos. 17 de enero de 2019, jueves.
- Cs exigirá en Pleno que el Gobierno trabaje para combatir la competencia desleal en las peluquerías de Cartagena
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Cs asegura que la irresponsable política urbanística del PP puede costar a los cartageneros más de 11 millones de euros
Cs exigirá en Pleno que el Gobierno trabaje para combatir la competencia desleal en las peluquerías de Cartagena
Ciudadanos ha recordado que en 2017 denunció públicamente algunos de los problemas del sector de la peluquería en Cartagena como el auge de las peluquerías low cost, la posible competencia desleal y la necesidad de aclarar la situación legal de estos establecimientos ante las dudas y sospechas de la Asociación Comarcal de Peluquerías de Cartagena. “A pesar de nuestras denuncias, el Gobierno local sigue sin dar respuestas, por lo que hemos decidido llevar al próximo Pleno una batería de preguntas para arrojar algo de luz en este asunto”, ha anunciado hoy el portavoz de Cs Cartagena, Manuel Padín, que ha especificado que preguntará por el número del licencias para peluquerías que existen en la ciudad, si tiene constancia el Ayuntamiento de las quejas de esta asociación y por las herramientas municipales que dispone para aclarar la problemática y garantizar que no existe competencia desleal.
Por otra parte, Ciudadanos informa que está trabajando para establecer medidas para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida en Cartagena, “y para contextualizar este problema vamos a proponer una mesa de trabajo contra la economía sumergida”, avanza el portavoz de Ciudadanos. Manuel Padín considera que “que esto no sólo afecta al gremio de los peluqueros, sino también al de hosteleros, a los establecimientos de alimentación o los guías turísticos, entre otros, y es necesario que las autoridades se tomen de una vez en serio este tema e incrementar las labores de inspección y vigilancia de la normativa y controlar que estos locales y servicios que ofertan precios tan bajos están al día en el pago de tributos; pero también facilitar a los que cumplen con una burocracia menos pesada, de lo contrario pagarán y acabarán cerrando aquéllos que sí respetan las reglas del juego”.
Según el colectivo de peluqueros, esta economía sumergida está haciendo mucho daño a las peluquerías legales que hay registradas en Cartagena ya que no creen que estén pagando sus impuestos, ni que estén dados de alta en la Seguridad Social, ni posean la licencia de apertura y actividad, y que se están generando unas condiciones laborales abusivas. El portavoz de la formación naranja ha explicado que este colectivo entiende que sólo la competencia desleal puede explicar el fenómeno, “no saben cómo estas peluquerías pueden cobrar sólo cuatro o cinco euros; nos aseguran que han hecho cálculos (el alquiler, el pago de las licencias, el IVA, la luz, el agua, el material de trabajo, las nóminas del personal) y que es imposible trabajar con esos precios y obtener un margen de ganancia óptimo”. Además, también acusan a muchos establecimientos de no cumplir con las normativas de horarios, llegando incluso a publicitar en el mobiliario urbano esa disponibilidad horaria irregular.
“Si este fenómeno responde a las reglas propias del mercado no tenemos nada que decir, pero si se ha llegado a esta situación por cauces irregulares sí puede actuar el Ayuntamiento y la Inspección de Trabajo”, asegura Padín. Ciudadanos recuerda que en España algunas asociaciones similares de estilismo y peluquería han llegado a acuerdos con la delegación de Hacienda de su territorio para defender el sector y facilitar la denuncia a las autoridades competentes por actuaciones ilícitas, “este tipo de convenios de colaboración también puede suscribirlos el propio Ayuntamiento y la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Región de Murcia”, propone Manuel Padín.
“No es justo lo que está ocurriendo, cuando pierdes clientes a causa de la competencia desleal, reduces tus ingresos y se hace muy difícil poder pagar el alquiler del local, muchos de ellos se ven abocados al despedido de personal o al cierre de su negocio”, ha lamentado Manuel Padín. El portavoz de Ciudadanos ha informado que “este tema trasciende el ámbito municipal y vamos a poner en conocimiento de nuestros diputados regionales y nacionales estas denuncias, para que a su vez remitan a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la necesidad de estar más vigilante, pero también queremos trabajar de forma paralela a nivel local, analizar qué puede hacer nuestro Ayuntamiento para impedir que los establecimientos irregulares de Cartagena sigan hundiendo a los empresarios que sí cumplen las reglas del juego”.
Cs asegura que la irresponsable política urbanística del PP puede costar a los cartageneros más de 11 millones de euros
“La política urbanística del PP en Cartagena durante sus años de gobierno ha sido una desgracia y un descalabro que ha impedido el crecimiento de Cartagena durante las últimas décadas y va a suponer una verdadera sangría para las arcas públicas”, ha denunciado hoy el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín tras conocer a través del diario La Verdad la última condena al Ayuntamiento, esta vez por incumplir el convenio urbanístico firmado en 2005 para desarrollar el Plan Parcial El Vivero, “esta condena supone 5,2 millones de euros, una cantidad que debemos sumar a la que vamos a pagar por la enajenación de suelo en La Azohía que puede llegar a los 4,5 millones de euros por los intereses, y los 1,5 millones de euros por las expropiaciones irregulares de Casco Antiguo”.
Según el portavoz de Cs, “todos y cada uno de los contribuyentes cartageneros pueden agradecer al Partido Popular, ese partido que recibió la oferta de MC para Gobernar Cartagena en 2019 durante el Debate sobre el Estado del Municipio, el desembolso de más de once millones de euros que se detraerán de servicios básicos por la ruinosa gestión urbanística del PP, que no sólo no pide disculpas a la ciudadanía, o depura responsabilidades internas como haría cualquier partido sano, sino que se permite con mucha soberbia dar lecciones magistrales en los plenos sobre su gestión económica y coloca a los responsables en puestos públicos de alta responsabilidad; eso nos da una idea aproximada del nivel de regeneración que tiene el actual PP”.
El portavoz de Cs no olvida tampoco “la complicidad de MC y el PSOE que han tenido la oportunidad de solventar el problema pero que han preferido subirse al tren de la desidia de los anteriores gobiernos”.
Aun así, Manuel Padín sostiene que la herencia más perniciosa que nos ha dejado el PP ha sido dejar a Cartagena sin Plan General de Ordenación Urbana, “es difícil cuantificar el dinero que se ha dejado de invertir en el municipio, el que se ha dejado de ingresar vía impuestos y el riesgo de indemnizaciones que todavía nos acecha por esa chapuza popular, pero es una cifra millonaria”.
Consecuencias políticas y silencio municipal
Ciudadanos va a pedir que se convoque de forma extraordinaria la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras o cualquier otro foro que considere pertinente el Ejecutivo municipal para analizar entre todos las consecuencias que pueden acarrear las condenas por los casos Vivero de La Manga y La Azohía, y el plan del Gobierno local para hacer frente al pago, “no es la primera vez que pedimos algo así, no entiendo que el PSOE siga empeñado en ocultar estos hechos a los cartageneros y a los grupos políticos que los representan y que nos tengamos que enterar una y otra vez a través de la prensa”. Manuel Padín advierte que si el Ejecutivo se niega buscará el apoyo de otras formaciones políticas para sumar el tercio de los miembros necesario para que la alcaldesa, que es la presidenta de la Comisión, tenga que hacerlo obligatoriamente.
“Estas condenas sí merecen un Pleno extraordinario monográfico pero creo que ni MC ni el PP están por la labor, prefieren convocar Plenos extraordinarios para debatir sobre el sexo de los ángeles y desplegar su espectáculo preelectoral”, recrimina el portavoz naranja. Para Manuel Padín, “esta reunión se debe producir en los próximos días y debe servir también para evaluar entre todos los grupos políticos si estas resoluciones judiciales deben suponer la dimisión de los cargos municipales implicados en su tramitación”.
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