Acusa al gobierno municipal de hacer política partidista con el Covid-19
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- Escrito por Podemos Cartagena. 12 de abril de 2020, domingo
Igualmente, achacan a “su mal hacer” la dificultad de aumentar la inversión en atención social en momentos de crisis, afirman que “lo que realmente lastra” las cuentas municipales son los 3 millones de euros destinados al pago de sentencias judiciales “fruto de la pésima gestión urbanística de nuestro Ayuntamiento durante décadas”. Destacan que “gracias a que el actual Gobierno de coalición ha puesto por delante los intereses de las grandes mayorías, hoy, y por primera vez, este Ayuntamiento dispone de más 1,5 millones de euros (707.000 euros dispuestos en el Real Decreto 8/2020 y el 20% autorizado por el Gobierno central del superávit del Ayuntamiento) para políticas sociales”, para cuyo “control exhaustivo” han solicitado “la constitución de una Comisión Municipal de Seguimiento de la gestión de estos fondos transferidos por el Gobierno estatal, en la que esté presente la oposición”.
Asimismo, desde la formación morada exigen al Ejecutivo local que cese en sus ataques al Gobierno central en momentos que, según su Secretaria General y portavoz en el Ayuntamiento de Cartagena, Pilar Marcos, “los vecinos y vecinas de Cartagena necesitan vernos unidos, necesitan confianza y tranquilidad en la gestión de esta crisis”. Y, por esta razón asegura, “durante el Pleno de presupuestos del pasado miércoles, aclaré de forma detallada y cronológica las medidas anunciadas por el Gobierno sobre la cuantía y uso del superávit de los ayuntamientos para gasto social, y sin embargo, hoy nos desayunamos nuevamente con acusaciones inciertas y con el anuncio a bombo y platillo por parte de la vicealcaldesa Noelia Arroyo de la supuesta aportación por parte de la Comunidad Autónoma de 707.000 euros al Fondo Social”, sin aclarar, dicen, “que ese dinero procede de los 300 millones de euros aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario”.
“Tenemos que achacar a la mala interpretación de las normativas estatales recién aprobadas las críticas continuas de este Gobierno Municipal al Gobierno de la nación”, asegura Pilar Marcos, “ya que cuando se publicó el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su punto 2, párrafo segundo y tercero decía claramente: “En primer lugar, se refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales”. Y, en segundo lugar, “que las corporaciones locales disponen de una cantidad de igual cuantía, es decir de otros 300 millones de euros para todos los ayuntamientos del país, del superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales”.
“Es decir, en ningún momento en el Real Decreto-ley 8/2020 se dijo textualmente que se destinaría el 100% del superávit de cada Ayuntamiento a la política de gasto 23, Atención Social, sino que se limitaba a 300 millones de euros del superávit entre todos los ayuntamientos de España para tal fin. Posteriormente, el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en su artículo 20, establece el tanto por ciento de superávit que cada entidad local podrá destinar al gasto en atención social, que es el 20% del saldo positivo de cada Ayuntamiento, correspondiendo al nuestro, la cantidad de 838.062,23 €”, asegura la edil y continúa: “No es cierto por tanto que el Gobierno de España haya rectificado bajando la cantidad de superávit a aplicar a gasto social, porque nunca anunció, ni aprobó el gasto del 100% del superávit a tal fin. Lo que sí ha hecho el Gobierno es destinar 300 millones de euros a las comunidades autónomas, 707.000 euros llegarán a Cartagena, y permitir la inversión del 20% de nuestro superávit, más de 800.000 euros en el caso de nuestro municipio, en políticas sociales. Más de 1,5 millones de euros para atender las necesidades de la gente gracias a la actuación directa del Gobierno central, para cuyo seguimiento solicitaremos la constitución de una Comisión Municipal de Seguimiento de la gestión de estos fondos transferidos, en la que están presentes todos los grupos municipales de la oposición”.
“Lo que realmente lastra nuestras cuentas municipales son los 3 millones de euros destinados al pago de sentencias judiciales fruto de la pésima gestión urbanística de nuestro Ayuntamiento durante décadas. Tres millones que perdemos para atención social o para inversiones tan necesarias en nuestros barrios y diputaciones y que se van a los bolsillos de empresarios y constructores. Asimismo, hemos pasado muchos años pagando deuda a los bancos y a las empresas concesionarias como FCC. Millones de euros que pertenecían al pueblo de Cartagena”, ha asegurado Marcos.
Finalmente, afirman desde Podemos Cartagena que “es ahora, ante la excepcionalidad del momento que estamos viviendo en todo el país, cuando el Gobierno central se pone de cara a la gente, la pone por delante de banqueros y grandes empresarios, actuando ante esta pandemia de manera decidida para apoyar a quienes más lo necesitan. Todo lo contrario de lo que hizo el Partido Popular en 2008, cuando sufrimos una de las crisis económicas más graves de nuestra historia reciente y decidieron entregar miles de millones de euros a los bancos, dejando tirados a los que peor lo estaban pasando, a la mayoría del pueblo español”.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con excepción del titular y de la entradilla del artículo
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