Los vecinos de Miranda frenan la instalación de una segunda antena de telefonía móvil
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- Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 23 de octubre de 2017, lunes
Los miranderos, cuya población es de 1.400 residentes, recogieron 1.200 firmas oponiéndose a los propósitos de Vodafone por los perjuicios que podría suponer para la su salud, mientras que el Ayuntamiento ha rechazado la licencia “porque no se cumplían los requisitos legales”.
Imagen de la antena que existe en la actualidad
Que 85 de cada 100 residentes se hayan posicionado en un asunto es un hecho ejemplar y más que significativo para cualquier asunto. Miranda no quiere tener una segunda antena de telefonía móvil junto a las viviendas y ha quedado muy claro. Todo comenzó cuando llegó la noticia de que un vecino iba a autorizar en terrenos de su propiedad (en la modalidad de alquiler) la instalación que pretendía Vodafone, convocándose una reunión por parte de la asociación vecinal que preside José María Cañavate, en la que los asistentes concluyeron que no existía esa necesidad, pues no sufren problemas de cobertura para sus terminales, mientras que la instalación podría aumentar los riesgos para la salud, teniendo en cuenta que ya hay una antena instalada junto a la carretera.
A partir de ahí se distribuyeron hojas informativas, en los que se reflejaban que vecino alguno había reclamado esa nueva antena, preguntádose por qué en otros pueblos nadie ha querido esta antena y, entre otros razonamientos, invitando al vecino en cuestión que desistiera de una acción que perjudicaría a otros, pues estiman que el riesgo de tener una antena de este tipo se duplicaría con la instalación de una segunda. Ese llamamiento tuvo una gran respuesta, como se ha reflejado en la masiva recogida de firmas que se presentaron ante el ayuntamiento de Cartagena, organismo encargado de conceder o no la licencia de instalación.
El consistorio rechazó la instalación, lo que ha supuesto un gran alivio para los vecinos. Cartagena de Hoy ha querido conocer el motivo directamente con el concejal de Asuntos Sociales, Francisco Calderón, quien ha explicado que, en este caso, “y como en todos los que actúa el Ayuntamiento, la obligación de los técnicos municipales es vigilar que se cumplan los requisitos que marca la Ley y en este caso no se ha dado la licencia porque no se cumplen”, ha indicado.
Puede quedar la duda de si una movilización de esta envergadura dentro de un núcleo de población ha sido determinante en la decisión municipal, pero es evidente que pocos políticos harían oídos sordos a un pronunciamiento tan popular.
